¿Por qué los sindicatos no quieren una ley de servicios mínimos?

Sigue el debate en torno a la Ley de Huelga, y a su remiendo momentáneo, la Ley de Servicios Mínimos. Al escuchar a Ana Botella sacar el tema a relucir, lo celebraba. Hoy en día ya no sé que pensar, quizás hubiese estado mejor callada.

En rasgos generales, y tras varios días de declaraciones, creo que podemos observar que hay dos tendencias: una que no ve necesaria esta regulación, y que tira más hacia la izquierda, y otra que sí la ve necesaria y tira más hacia la derecha.

A simple vista puede llamar la atención ¿Cómo puede ser que justamente sean quienes defienden más de cerca los derechos de los trabajadores los que no desean una regulación de un derecho fundamental netamente laboral?

Dando un repaso a la regulación actual de los servicios mínimos, esto es, el RDley 17/1977 de Relaciones de Trabajo (concretamente el artículo 10), y toda la jurisprudencia constitucional que lo interpreta, vemos que actualmente se fija la necesidad de acordar servicios mínimos en caso de huelga en empresas que presten servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad, y que esos servicios mínimos los establecerá la Autoridad Gubernativa. Es decir, que en principio, los sindicatos ni pinchan ni cortan, y además, es "el jefe" el que decide los servicios mínimos a cumplir.

Así pues, una regulación legal de los servicios mínimos parece que, en principio, poco podría afectar a los intereses de los sindicatos, ya que hasta ahora tampoco tenían capacidad de influir sobre ellos.

¿Por qué la oposición entonces? Las declaraciones de los sindicatos, de momento, me parecen bastante tímidas, pero creo que dejan entrever bastante bien el motivo de sus preocupaciones. Todavía queda en su recuerdo, estoy seguro de ello, la humillación que para el movimiento sindical tuvo que suponer la reforma laboral de 2012 que tanto afectó a la negociación colectiva. Y ahora el verdugo de la que fuera su arma más potente intenta regular otro de sus pilares.

El derecho a huelga, como derecho fundamental derivado de la Constitución, debe regularse por Ley Orgánica, que precisa de mayoría absoluta para su aprobación parlamentaria. Y el Partido Popular dispone de esa mayoría necesaria para tramitar en solitario una Ley Orgánica (Ya lo hizo con la de Educación). Por lo tanto, puestos a regular los servicios mínimos, bien pueden acabar regulando el derecho a huelga, y por supuesto, lo harán a su favor, y no al de los sindicatos.

Y algo que quizás es más relevante, el llamado Conflicto Colectivo también debería ser regulado por esta ley, y aquí es dónde más tienen que perder los sindicatos. Hasta ahora, el vacío legislativo les permitía estirar hasta el límite las situaciones de conflicto recurriendo a instrumentos como los piquetes o la obstrucción pública.

El malestar ciudadano ante huelgas radicales cada vez es más evidente. Los ciudadanos perciben que lo único que se consigue es que las protestas les fastidien, y sus derechos se vean igualmente recortados. ¿Tendría éxito una huelga para defender las actuales huelgas? Quizás una respuesta a esa pregunta es lo que pretenden evitar los sindicatos.

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